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El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba es investigado por fraude en Corpus Christi, Texas, al adquirir una propiedad con dinero presuntamente ilícito. Lo anterior, se dio tras una acusación contra el empresario victorense Fernando Cano Martínez, quienes juntos adquirieron un condominio valuado en más de 6 millones y medio de dólares. La fiscalía federal del Distrito Sur de Texas dio a conocer la acusación en contra de Cano Martínez, que se dio por la investigación que realizó la multi-agencia Organización Crimen y Drogas, y en la cual también se involucra a Yarrington Ruvalcaba.
Tomás Yarrington
En Corpus Christi, se abrió una demanda civil a una propiedad a nombre del ex alcalde de Matamoros y ex mandatario estatal. En la queja, se presume que Yarrington usó procedimientos ilícitos para comprar un condominio localizado en la Isla del Padre, Texas, usando a un tercero para conducir la transacción por 450 mil dólares y la propiedad del mismo.
En San Antonio, el fiscal de distrito de Estados Unidos integra una acción civil con respecto a una propiedad comprada en 2006 por aproximadamente 6.6 millones de dólares, que fue presuntamente obtenida con fondos ilícitos por Yarrington, Cano y otros.
Las acusaciones mayores de la fiscalía están encaminadas a Fernando Cano, de 55 años de edad, por lavado de dinero y fraude bancario. La acusación alega que Cano y otros conspiraron para usar un despliegue de entidades corporativas que formaron en Texas para lavar porciones de sobornos pagados por el crimen organizado a oficiales electos de alto nivel, y candidatos para dicha oficina electa en Tamaulipas. Millones de dólares en propiedades, primariamente en bienes raíces en Texas, presuntamente se adquirieron en este plan.
Cano también es acusado de conspiración para cometer fraude bancario. De acuerdo con la acusación, Cano y otros se entablaron en una conspiración separada en la adquisición de préstamos de instituciones financieras al someter información financiera falsa a los bancos para acceder a los préstamos.
La conspiración por lavado de dinero conlleva un término posible de 20 años de prisión, bajo condena. Cano también enfrenta otros cinco años si es convicto por conspiración de cometer fraude bancario.
También se incluye en la acusación una nota de intento para buscar un juicio monetario por el monto de 20 millones de dólares en cada cuenta y confiscación de bienes, incluido un avión y varias cuentas bancarias a nombre de Cano.
El caso es llevado por los fiscales Kenneth Madigson del Distrito Sur y Roberto Pitman el Distrito Oeste. “Este caso es otro ejemplo de nuestra cooperación con varias agencias policiales y con otras fiscalías en el país, incluyendo evidencia del gobierno de México”.
[Milenio]
