CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 24, 2012.- El suplente del diputado electo de Sonora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Castro Luque, es el autor intelectual del homicidio del legislador, informó la Procuraduría General de Justicia de Sonora.
Las autoridades identificaron a Manuel Ernesto Fernández Félix, de 25 años, como el responsable de contratar a cuatro personas para asesinar a Castro Luque con el fin de quedarse con la diputación local, indicó el procurador estatal, Carlos Navarro Sugich.
Eduardo Castro
«Hasta este momento tenemos identificadas a cinco personas en contra de quienes la Procuraduría General de Justicia de Sonora ejercitará acción penal por homicidio calificado en contra de Eduardo Castro Luque», señaló en una conferencia de prensa.
Fernández Félix se encuentra prófugo y el procurador estatal emitió una alerta al resto de las procuradurías de los estados para que colaboren en su captura.
Las cuatro personas que participaron en la muerte de Castro Luque son: Sergio Román Gil Zavala, Juan Rodríguez Hernández, Wilberto Sánchez Quijada y Wilfrido Álvarez Félix, ya se encuentran arraigadas.
Los cuatro detenidos confesaron en un video su participación en el homicidio y señalaron que Fernández Félix les pagó 40 mil pesos por asesinar a Castro Luque.
Castro Luque fue baleado el 14 de septiembre tras descender de su vehículo y cuando pretendía ingresar a su domicilio en Ciudad Obregón.
El procurador recordó que el diputado suplente compareció ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común en calidad de testigo unos días después de que se perpetró el crimen, y en ese momento no había ningún elemento sólido en su contra.
Navarro Sugich indicó que se aseguraron el arma calibre 45 milímetros con la que Castro Luque fue privado de la vida, la motocicleta que utilizó el autor material, Wilfrido Álvarez Félix, así como dos vehículos que también se emplearon en el crimen.
Los implicados en el homicidio del diputado local electo del PRI por el distrito XVII del municipio de Cajeme, podrían alcanzar penas de entre 25 y 50 años de prisión, añadió.
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