El gobierno de Tamaulipas confía en que la nueva administración federal que encabezará Enrique Peña Nieto replanté una política migratoria que impida el ingreso masivo de indocumentados por las fronteras de México. Y es que en el último cuatrimestre, el gobierno estadounidense deportó a 200 mil personas de las que al menos 40 mil cuentan con antecedentes penales y muchos de estos ni siquiera son mexicanos. Lo anterior, coincidieron en reprochar los alcaldes de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, agrava la situación de seguridad y desempleo de sus comunidades.

De ahí que las administraciones municipales y la estatal apoyarían la exigencia del Gobierno Federal al estadounidense de sentar bases que establezcan los movimientos migratorios y hasta impedir que por los cruces internacionales de México se deporten a ciudadanos centroamericanos.

En este sentido el Secretario General de Gobierno, Morelos Canseco Gómez dijo que cerrar las fronteras a las deportaciones no constituiría una actitud constructiva entre dos naciones que sostienen relaciones diplomáticas amistosas, pero recordó el planteamiento del gobierno tamaulipeco en solicitar más información sobre las repatriaciones que haga Estados Unidos y estar preparados.

“Hace falta conocer si esas personas tiene algún antecedente criminal en los Estados Unidos y de qué naturaleza, o si conociendo su identidad, de antemano podemos constatar si acaso tuvieran un asunto pendiente con la ley”, aseveró.

En lo anterior coincidieron los alcaldes de Reynosa, Everardo Villarreal, de Matamoros, Alfonso Sánchez y el de Nuevo Laredo ,Benjamín Galván, que han sufrido el desorden de que implica la falta de información sobre las deportaciones.

Al respecto el edil de Matamoros, recordó que el cruce fronterizo de Matamoros es el que más deportaciones registra con 35 mil movimientos mensuales.

“Yo creo que la verdad es injusto que gente que cruza por otra parte, la regresen por Matamoros”.

A su vez Benjamín Galván de Nuevo Laredo, dijo que su municipio ya no puede con la carga que implica la atención a migrantes ya que muchos de ellos se quedan en esa ciudad para intentar cruzar de nuevo y mientras generan una serie de problemas, principalmente en el tema de seguridad, “muchos no son mexicanos y cuesta mucho trabajo y dinero regresarlos a sus países de origen”, subrayó.

De ahí que el estado y municipios confían en que el Gobierno Federal entrante sea más estricto y cuidadoso al definir con Estados Unidos una política migratoria.

Por: Claudia Zapata