La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) emitió al menos 150 órdenes de localización y presentación de personas, entre quienes se incluye a los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, así como a algunos de sus familiares y ex colaboradores, ya que presuntamente formaron parte de una red de blanqueo de dinero y de operaciones financieras para ocultar el pago de sobornos por protección. Funcionarios federales revelaron, bajo condición de mantener su anonimato, que en los operativos de búsqueda y cateos realizados en Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, han participado como «observadores» agentes estadunidenses, y que estas acciones son realizadas dentro de la averiguación previa iniciada por la Siedo y no por solicitud de autoridades de Estados Unidos que indagan a Tomás  Yarrington.

Eugenio Hernández

Entre jueves y sábado personal de la Siedo encabezó las acciones de la Policía Federal Ministerial que, apoyada por efectivos militares en algunos casos, llevó a cabo operativos de búsqueda y cateos en Ciudad Victoria y Matamoros, tratando de obtener información que pruebe la vinculación de los ex gobernadores con el crimen organizado, y la retención de alguno de los indiciados.

Según fuentes judiciales, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo, del segundo circuito, negó a Yarrington una suspensión que solicitó contra cualquier orden de presentación emitida por la Siedo.

El órgano jurisdiccional habría considerado que debía negar la protección provisional debido a que el político alegó hechos de «realización incierta«, pues en su demanda de garantías sostuvo que tenía elementos «para pensar que podía ser requerido por la PGR«. Además, está pendiente de resolverse otra petición de amparo contra la alerta migratoria que existe en contra de Yarrington, demanda que se tramitó en otro juzgado.

Según esas fuentes, la PGR podría realizar otros cateos en entidades donde Yarrington posea alguna propiedad.

En tanto, Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario dedicado a la industria ferretera y a la compraventa de bienes raíces, fue el primer detenido a consecuencia de las acciones de la Siedo; sin embargo, no se han obtenido pruebas que acrediten su responsabilidad en la adquisición, con dinero «sucio», de inmuebles en Estados Unidos y México, en los cuales presuntamente presta su nombre para ocultar que el titular de los derechos es Yarrington Ruvalcaba.

El ex gobernador Eugenio Hernández Flores se asoció presuntamente en empresas operadas por amigos y ex colaboradores de Yarrington Ruvalcaba, dedicadas a la construcción de carreteras, unidades habitacionales y residenciales, pero sobre todo beneficiarias de obras para el Gobierno Estatal.

Uno de ellos, y que también se encuentra sujeto a investigación como supuesto operador financiero de ganancias de grupos criminales y sobornos, es Seyed Mohamed Farough Fatemi Corcuera.

El empresario pertenece a una de las familias más adineradas de la capital tamaulipeca, y su principal negocio es la distribución y venta de una marca de cerveza.

Fatemi Corcuera tiene 40 años de edad, y de su abuelo heredó la distribución cervecera en el centro de la entidad. Es propietario de la Inmobiliaria Santa Dolores, que lo mismo tiene fraccionamientos en la zona residencial de Ciudad Victoria que en las áreas urbana y rural del estado.

Los vínculos de Fatami Corcuera con Yarrington fueron presuntamente a través de Fernando Cano Martínez, identificado como uno de los principales operadores financieros del ex gobernador, y señalado en una investigación estadunidense como el encargado de abrir cuentas en bancos con sede en Texas y responsable de las transferencias electrónicas por distintos bancos del mundo hasta ser depositados como dinero proveniente de negocios inmobiliarios.

Fatami Corcuera y Yarrington, según la información obtenida, se asociaron para crear la comercializadora Hiza, que los mismo vendía víveres que computadoras. Esta empresa se convirtió en la principal proveedora de muebles y hasta medicamentos del gobierno estatal, durante las administraciones de Yarrington y Hernández Flores.

Según las autoridades mexicanas, otro empresario supuestamente involucrado en esta red de lavado de dinero sería Eduardo Rodríguez Berlanga, integrante de una de las familias ganaderas más prominentes de Tamaulipas.

[Vanguardia]