En Tamaulipas no se tiene un número específico de niños que trabajan y han tenido que sacrificar los juegos y dejar a un lado su infancia. Joaquín sacrificó su infancia a los cuatro años. Cambió sus carritos por una caja de caballito y pan. Su diversión lejos de los parques, de su familia y de sus amigos, se centró en caminar una a una las calles de Ciudad Victoria.

La venta iniciaba -como hasta ahora- desde muy temprano para concluir a altas horas de la noche. Hoy a sus escasos 13 años de edad le urge estudiar.

Asegura que es una necesidad para progresar, sin embargo esa caja -que parece encarnarse en su cuerpo- se lo impide, ya que los 200 pesos que diariamente le produce, son el sustento de él y su familia: de escasos recursos, fragmentada y numerosa, como era de esperarse.

Casos como el de Joaquín son los que hacen de Tamaulipas una de las entidades con altos índices de explotación infantil.

En Tamaulipas hay 902 mil 528 niños de entre 0 y 12 años, que representan el 27.8 por ciento de la población total de la entidad, según el último censo del INEGI.

Acorde con lo expuesto por algunas organizaciones sociales consultadas en esta entidad del noreste de la República donde la pobreza, la migración y el desempleo son cosa de todos los días.

Tamaulipas no es ajena a este tipo de casos aún y cuando desde hace ocho años se comenzó a erradicar con diversos programas asistenciales.

No obstante, otros estados como Chiapas o Campeche tienen el 23.8 por ciento de la población total de niños explotados; Puebla en tercero, con 22.5 por ciento; Veracruz con el 22.8 por ciento y Michoacán hasta el octavo. Coahuila es el que registra los menores índices (6.7 por ciento).

Tamaulipas se encuentra en el lugar 18, muy arriba de la media nacional, sin embargo la situación existe y está latente.

Las cifras anteriores -que se agravan conforme pasan las fronteras- son mayores. La Organización Internacional del Trabajo calcula que el 19 por ciento de la población trabajadora del mundo lo ocupa el sector infantil, es decir, unos 317 millones de niños aproximadamente de entre cinco y 17 años.

URGEN REFORMAS AL CÓDIGO PENAL ESTATAL

Con base en los datos anteriores, instituciones como el DIF y las de atención a la violencia intrafamiliar, reconocen que el problema es alarmante en todo el país pero sobre todo en la zona sur donde el flujo migratorio es constante y elevado.

No así en Tamaulipas, aunque también reconocen que sigue la problemática y mientras no se erradiquen situaciones de raíz, como lo es la familiar, este tipo de situaciones se seguirán viendo en las calles, no solo de la Capital, sino del resto de la entidad.

En municipios de la frontera es común ver a mujeres centroamericanas que por la necesidad de regresar a su país o ir a Estados Unidos son orilladas a prostituirse o a realizar trabajos forzados que las ponen en riesgo, como el de miles de niños guatemaltecos que cada año arriban a los ranchos y haciendas para trabajos agrícolas.

Aunque también manifestó que hay casos -como en la capital del estado; en supermercados y centros comerciales se puede ver a niños trabajando de cerillos, repartidores o cargadores- donde la explotación infantil es tolerada y promovida por los padres que «por la necesidad» de dinero permiten el abuso en sus hijos.

Dijo que este problema podría mitigarse si se contara con el apoyo de todos los actores sociales, sin embargo, manifestó que son varios los obstáculos para combatirlo y que éstos van desde las organizaciones delincuenciales de trata de blancas y la nula cultura de la denuncia en la población hasta los vacíos legales en el Código Penal que impiden actuar libremente a las dependencias

«Necesitamos garantías para actuar y para allegarnos de más elementos que sustenten nuestro actuar. Lo que pedimos es que se nos permita llegar a los lugares donde se está corrompiendo a los menores y dejar de ejercer sólo una función tutelar (cuidar de un niño)».

Aunado a lo anterior, y con el fin de darles mayores garantías a los niños, propuso fomentar la cultura de la denuncia, reforzar los programas de prevención en padres e hijos, buscar nuevos mecanismos que garanticen la salud y la educación infantil así como dotar a las autoridades de más facilidades para intervenir en cualquier caso de explotación infantil.

Por: Claudia Zapata