El Pleno del Congreso tamaulipeco aprobó por unanimidad reformas a la ley de servidores públicos para permitir que ciudadanos no nacidos en México puedan ejercer cargos públicos en la entidad.

A iniciativa del Ejecutivo estatal, el documento, pretende establecer una política de servicio sustentada en la profesionalización de los servidores públicos y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.

Así mismo tiene como objetivo evaluar el nivel de competencia y confianza de los
servidores públicos con criterios de integridad, conocimientos, experiencia, habilidades y vocación de servicio.

Para ello, se modificaron todas aquellas disposiciones en las cuales se encuentre como requisito para ocupar algún cargo público, el de ser mexicano por nacimiento, y que por la naturaleza de los mismos puedan ser consideradas como discriminatorias
por origen nacional.

Una vez que entre en vigor ésta nueva disposición legal, extranjeros podrán ejercer
los siguientes cargos:

1. Director y Jefes de Unidad del Centro de Mediación del Poder Judicial del
Estado;
2. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas;
3. Auditor Superior del Estado;
4. Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado;
5. Para ejercer las profesiones establecidas en el artículo 5 de la Ley de Ejercicio
Profesional en el Estado de Tamaulipas;
6. Obtener la Patente de aspirante al cargo de Notario;
7. Para ingresar al Servicio Escolar en el Estado;
8. Director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;
9. Director General y Comisario del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Tamaulipas;
10. De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas los cargos de:
Titular de la Policía Investigadora, Director del Instituto de Capacitación Técnica
y Profesional; Ministerio Público y Perito;
11. Para ingresar a las Instituciones Policiales del Estado; y
12. Director de un Centro de Ejecución de Sanciones del Estado.

El argumento principal de la iniciativa es evitar acciones consideradas como discriminatorias por origen nacional para ejercer un cargo público.

El dictamen no mereció ninguna discusión, ni debate.

Información de: Claudia Zapata