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Tamaulipas.-Con los 351 millones de pesos asignados, Tamaulipas está comprometido a combatir el secuestro, reducir los delitos, establecer el modelo policial, cumplir con las pruebas de control y confianza, y profesionalizar las instituciones de seguridad para este año. Lo anterior, se establece en el convenio de coordinación entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno del Estado, mismo que este miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Además, la autoridad también está obligada a crear el Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como brindar a las mujeres acceso a la justicia, y mejorar la vigilancia al interior de los centros penitenciarios. Dicho acuerdo lo firmaron Jaime Guillermo López-Aranda Trewartha, titular del Centro Nacional de Información de la SNSP, y el gobernador Egidio Torre Cantú.
A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios (FASP), la entidad tendrá 281 millones de pesos, 83 de ellos ya fueron ministrados durante el primer trimestre del 2013. El gobierno del estado agregará 70 millones de pesos al monto del gobierno federal.
El convenio establece las 27 cláusulas, de las cuales Tamaulipas tiene varios puntos que cumplir durante este año, como es la implementación y operación del modelo policial, con acciones que garanticen su operación homogénea en todos los municipios.
Textualmente, también se obliga “a realizar las acciones necesarias para cumplir con las metas y compromisos asumidos para la disminución de la incidencia delictiva de alto impacto en el territorio de la entidad federativa, en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo en sus diversas modalidades y trata de personas”.
Se toca el punto de los secuestros, en el cual la entidad deberá constituir o, en su caso, fortalecer la o las Unidades Especializadas para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, así como a implementar programas, talleres, seminarios y cursos de capacitación especializada para estos propósitos.
Se agrega en ese punto, firmar una “carta compromiso” respecto a la permanencia de los integrantes de su Unidad Especializada, que hayan sido evaluados y capacitados, por un periodo de 5 años, como mínimo; salvo que transgredan los requisitos de ingreso y permanencia o incurran en responsabilidades administrativas graves o en la comisión de delitos.
Para la evaluación de los elementos, tanto de nuevo ingreso como el personal en activo, el gobierno el estado deberá cumplir con los controles. Para ello, se indica que las primeras ministraciones del FASP se desatinarán para mejorar y dotar de infraestructura como de equipamiento los Centros de Evaluación.
Otro punto que se especifica en las cláusulas es la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que hayan sido víctima de los delitos relacionados con la violencia de género.
Otras obligaciones que deberá ejecutar Tamaulipas es profesionalizar las instituciones de Seguridad Pública, implementar los centros de operación estratégica, y adquirir la tecnología que garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social, para promover la clasificación y separación de los internos en atención a su perfil criminológico y peligrosidad.
Agregado a los 281 millones de pesos del fondo federal de aportaciones (de los cuales estarán llegando a Tamaulipas cerca de 28 millones mensuales, hasta octubre de este año), el gobierno del estado dispondrá de 70 millones para completar estas tareas establecidas en el convenio, que ya se encuentra en operación, según el documento, desde el pasado 28 de febrero, aunque hasta ayer se hizo oficial.
[Milenio]
