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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría Federal del Consumidor ya tiene facultades para poder hacer público el mal comportamiento de las empresas de bienes y servicios tras la reciente reforma al artículo 24 dela Ley de Protección al Consumidor.
Lo anterior sostuvo aquí la Procuradora, Lorena Martínez, dará más derechos a esta dependencia no sólo para sancionar sino para exhibir las deficiencias de las empresas con mayor número de denuncias que antes no se hacía por que la propia ley las protegía.
“Esto nos va a dar un potencial muy importante, con esta reforma se van a poder corregir prácticas comerciales a partir de que el consumidor esté informado y que el consumidor castigue al proveedor dejando de comprar en una tienda”.
En conferencia de prensa luego de signar un convenio de colaboración con el gobierno de Tamaulipas, la funcionaria federal agregó que este tipo de legislaciones y las reglamentarias que se discuten en el Congreso de la Unión en materia Energética y de Telecomunicaciones contribuirán también a otorgar mayores atribuciones a la Profeco que podrá desde eliminar hasta imponer candados a proveedores.
Por ejemplo, citó que se concretarán varios convenios que limitarán abusos de las empresas comerciales y paraestatales con mayor número de denuncias ante esta dependencia como la Comisión Federal de Electricidad; empresas proveedoras de telefonía y hasta con desarrolladores de vivienda, que son tres de los rubros con peor reputación, vicios y quejas de los consumidores.
En el caso de los desarrolladores de vivienda anunció que se las empresas que quieran ser tomadas encuentra en créditos que otorgue Fovisste e Infonavit deberán estar limpios de denuncias.
En el caso de la CFE, empresa con mayor número de litigios, perderá también atribuciones que ahora le otorgarán a la Prorfeco para verificar y sancionar.
Y en cuanto a datos duros sobre el mal comportamiento de los proveedores, Lorena Martínez dio a conocer que este año se han recibido 120 mil quejas a nivel nacional de las que 81 por ciento fueron conciliadas con un monto reclamado superior a los mil 700 millones de pesos, pero que solo se recuró el 20 por ciento.
«Aún falta legislar en esta materia» concluyó la procuradora».
Por: Claudia Zapata.
