Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La Secretaría de Educación de Tamaulipas amonestó y exigió a las direcciones de por lo menos tres escuelas de Victoria, regresar las cuotas que habían cobrado como requisito para aceptar las preinscripciones y les advirtió que de no regresarlas puede haber sanciones de tipo penal. “Se ha ido a hacerles un apercibimiento de que están incumpliendo una norma jurídica de carácter nacional, que también está indicado en el estado, y se pueden hacer acreedores a sanciones muy fuertes, afortunadamente han sido pocos los casos, han entendido”, dijo el secretario de Educación en la entidad, Diódoro Guerra Rodríguez.

“Son tres casos; un jardín de niños y una escuela primaria, no tengo el nombre, pero aquí es en Victoria”, agregó.

Guerra Rodríguez dijo que los amonestados son tres planteles ubicados en la capital de Tamaulipas, y que los maestros fueron persuadidos para que regresaran la aportación económica, y así no violentar las leyes.

“La instrucción es persuadir, orientar y ser muy específicos con ellos. Ya se les notificó por parte de la dirección jurídica que eso está prohibido y esperaríamos con eso esa conducta se erradicara”, afirmó el funcionario.

En lo que va del periodo de preinscripciones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) detectó a maestros de tres escuelas de Ciudad Victoria que incurrieron en el delito de condicionar la educación a cambio de una cuota económica.

Anteriormente se publicó que al menos siete escuelas de Victoria estaban condicionando la preinscripción al pago de cuotas “voluntarias”, con cantidades desde 300 hasta mil pesos.

Eran las escuelas Secundaria General 1; las primarias José Vasconcelos, Club de Leones, Ford 74, Victoria, Ignacio López Rayón, y el Kinder ABC, las cuales fueron detectadas.

El Secretario de Educación advirtió a las escuelas que hayan cobrado que regresen el dinero o de lo contrario se les aplicarán las sanciones previstas en los artículos 103 y 104 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y lo previsto en el artículo 218 del código penal.

“(La) aportación de los padres de familia se puede hacer fuera de estas fechas. Lo que no se permite y está prohibido es que se utilicen los periodos de preinscripción o de inscripción para estar haciendo solicitudes de aportaciones porque entonces ya no son voluntarias, lo dice claramente la Constitución y luego la Ley General de Educación”.

La legislación local prevé para los directores o maestros que cobren cuotas, multa hasta por cinco mil días de salario mínimo general vigente en esta capital.

“(A quién) condicione o niegue, sin causa justificada, el servicio educativo que tenga obligación de prestar, o exija el pago de cuotas escolares obligatorias, aportaciones o cualquier otra contraprestación que infrinja al principio de gratuidad de la educación que imparte el Estado”, dice el 103 de la legislación estatal.

El Artículo 65 de la Ley General de Educación advierte que la gratuidad de la educación pública no podrá ser condicionada al pago de cuota alguna, sea en especie o en dinero y remite las sanciones penales al Artículo 128 del Código Penal Federal.

“(…) Se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 30 veces a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, dice el 218 del Código Penal.

“Cuando el dinero, los valores, servicios o la cosa indebida sean exigidos como contraprestación, a cambio de permitir el acceso y la inscripción de alumnos de la educación preescolar, la primaria y la secundaria, la pena se aumentará hasta en una tercera parte”, señala la Ley.

En caso de reincidir, explicó el Secretario de Educación, de acuerdo a lo que señala la propia ley, deben identificar quién es el responsable, el director de la escuela, o la persona que lo haya hecho; “y así hacer una denuncia de hechos por violación fragante a la constitución federal y a la ley de educación”, afirmó Guerra Rodríguez.

El funcionario relató que los docentes amonestados argumentaron que desconocían la ley y por ello no la acataron, lo que no los justifica.

“Ellos argumentaron que desconocían la disposición, se les llevaron los documentos. No es válido porque inclusive hay un precepto constitucional que dice que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, precisó Guerra Rodríguez.

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