Matamoros, Tamaulipas.- La Contraloría municipal obligará a la empresa desarrolladora de vivienda Carso-Urvitec, a resarcir los daños en el fraccionamiento Cima III, o a reubicar a 350 familias que actualmente viven en casas en ruinas por las constantes inundaciones de ese sector construido sobre una antigua laguna. El representante legal de los habitantes de Cima III Ricardo Cepeda Lara, presentó la documentación a la contralora Municipal Claudia Griselda Martínez Castillo, en la que se hace la exposición de motivos, en tanto que la funcionaria municipal se comprometió a pelear por la causa de los habitantes de Cima III hasta las últimas consecuencias.
En entrevista, el representante legal de los afectados consideró que la falta de sanciones y representación de la autoridad competente ha hecho que los directivos de la empresa constructora Carso-Urvitec no cumplan.
“Las autoridades se han quedado con los brazos cruzados durante tres años, permitiendo que empresas poderosas y amenazantes como Grupo Carso, sigan atropellando los derechos de las personas”, textualizó.
Aseveró que la licenciada Georgette Morris, representante de Grupo Carso, amenazó a los habitantes de Cima III, diciéndoles que se están enfrentando a una empresa muy poderosa a nivel nacional.
De acuerdo a lo dicho por el representante legal de Cima III, grupo Carso culpó a los propios pobladores del fraccionamiento de haber elegido a sus autoridades, ya que en todo caso las autoridades, entre 2007 y 2008, fueron las que avalaron la construcción de esas casas en un terreno inundable.
Por ello, será en este día en que formalicen su queja ante el ayuntamiento, con documentales sobre la problemática del fraccionamiento, en las que se apoyará la Contralora Claudia Griselda Martínez Castillo.
De esta forma se hará una inspección por el personal de Obras Publicas para determinar si el terreno es inhabitable y en su caso se derrumben las propiedades y se sancione a Carso Urvitec.
“Y el origen del problema es que cuando construyeron el fraccionamiento sabían bien que lo estaban desarrollando sobre la laguna Las Cuatas, y ya cuando vieron que se empezó a inundar, construyeron un cárcamo pero le abrieron un acceso a san Jerónimo y de ahí se viene toda el agua de los fraccionamientos”, explicaba.
Por último dijo que de no ser reubicados, o resuelta esta situación, recurrirán a una acción civil y a una acción penal federal, ya que se está hablando de complicidad del Infonavit, la administración de Erik Silva Santos y funcionarios estatales.
Por: Enrique Chavez
